Pedro Sainz de Andino
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Pedro Sainz de Andino |
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Pedro Sainz de Andino nace en la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules en 1786 y muere a los 77 años en Madrid en 1863.
Tras estudiar en Cádiz y en el sevillano Seminario Conciliar de San Bartolomé, en 1806 se doctoró en Derecho por la Universidad de Sevilla, donde actuó como abogado de los reales consejos.
Durante la guerra de la Independencia se opuso al nombramiento de Alberto Lista como delegado por la Universidad para formar un ejército patriota (1809) y ejerció como subprefecto de Écija.
Desde 1810 desempeñó también funciones de fiscal y, una vez vuelto al trono Fernando VII, hubo de exiliarse en Francia, debido a sus ideas liberales.
El inicio del Trienio Liberal le permitió regresar a España y ejercer, de nuevo, la función fiscal en distintas localidades catalanas, entre ellas Tortosa y Tarrasa. Exiliado de nuevo en 1823, coincidiendo con el inicio de la Década Ominosa, regresó poco después, en diciembre de ese año, llamado por Luis López Ballesteros, ministro de hacienda desde el 2 de diciembre de 1823 hasta el 1 de octubre de 1832.
Durante ese periodo, Sainz de Andino trabajó en la preparación del Reglamento del Banco Español de San Fernando y del Código de Comercio, ambos en 1829, trabajo que completó con la Ley de Enjuiciamiento Comercial (1830).
El nuevo Código, formado por 1219 artículos, fue decretado, sancionado y promulgado por Fernando VII el 30 de mayo de 1829 con el objetivo de "dar al comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo comercio". Trabajó también en los proyectos de Código Criminal y de Código Civil, que no llegaron a publicarse. Así mismo, fue el encargado de elaborar la Ley de Bolsas.
Fiscal y miembro del Consejo de Hacienda y de la Cámara de Castilla desde 1829, fue el responsable jurídico de la creación de la Bolsa de Madrid (1834), con la que se pretendía favorecer la implantación y el desarrollo de las empresas mercantiles en España, así como la inversión de capitales extranjeros.
En 1844, González Bravo le encargó la revisión de la legislación sobre montes, y al año siguiente tomó posesión como consejero real. Vicepresidente de la Junta de Archivos desde 1847, en 1863 fue nombrado senador vitalicio. Estaba en posesión de las grandes cruces de Carlos III y de Isabel la Católica.
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